Trujillo: una historia contada desde una sola perspectiva

 

EL AUTOR es Master en Gestión y Políticas Públicas. Reside en Santo Domingo

Por CARLOS OGANDO

MARTES, 03 DE JUNIO 2025: A lo largo de las últimas décadas, la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo Molina (1930–1961) ha sido objeto de múltiples estudios históricos, literarios y políticos. La mayoría de estas interpretaciones tienden a centrarse, con razón, en los aspectos represivos y autoritarios del régimen, caracterizado por un control absoluto del poder, el culto a la personalidad y la eliminación sistemática de la disidencia.

Sin embargo, un análisis integral del período exige considerar también los elementos que, en su momento, fueron percibidos como logros, particularmente en los ámbitos económico, institucional y nacionalista. Esta aproximación no pretende justificar la dictadura, sino contribuir a una comprensión más compleja y matizada de la historia dominicana del siglo XX.

La dictadura trujillista se consolidó en un contexto de inestabilidad política regional y bajo la sombra de las grandes transformaciones globales que definieron el siglo XX: la Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. En este escenario, Trujillo impulsó un modelo de desarrollo centralizado, con fuerte intervención estatal, basado en la creación de infraestructura, la modernización de ciertos sectores productivos y el fortalecimiento de la autoridad gubernamental. A pesar de los métodos autoritarios utilizados, no se puede negar que el régimen promovió la expansión del aparato estatal, la construcción de obras públicas significativas y una política de saneamiento y orden que contrastaba con los gobiernos previos.

Trujillo en 1961

El discurso oficial de la época exaltaba la soberanía nacional, la disciplina cívica y la defensa de los valores patrióticos. En efecto, el gobierno de Trujillo procuró posicionar a la República Dominicana como un bastión anticomunista en el Caribe, especialmente en el contexto de la Guerra Fría. En 1941, el país declaró simbólicamente la guerra a las potencias del Eje, alineándose con los Aliados y buscando un lugar más visible en la política internacional. Al mismo tiempo, se promovió una reforma educativa con enfoque nacionalista y se instituyeron medidas como el servicio militar obligatorio, en nombre de la “civilización” del pueblo dominicano.

Sin embargo, estos avances fueron acompañados de un sistema de represión sistemática. La Policía Secreta, los centros de detención y la vigilancia ideológica crearon un clima de miedo que limitó severamente las libertades civiles. La censura, el encarcelamiento, la tortura y el asesinato de opositores fueron prácticas institucionalizadas. La sociedad dominicana quedó estratificada: una élite cercana al poder accedía a privilegios, mientras la mayoría de la población vivía bajo constante supervisión y con escasas posibilidades de participación política real. La represión fue, por tanto, el precio pagado por la estabilidad autoritaria.

El magnicidio del 30 de mayo de 1961, perpetrado por miembros del entorno militar y civil de Trujillo, marcó el fin de una era. A diferencia de lo que muchos anticipaban, no fueron las fuerzas opositoras externas las que lograron el derrocamiento, sino sectores internos que, por razones estratégicas o de supervivencia, se volvieron contra el dictador. Este episodio reveló tanto las fisuras del régimen como la fragilidad de su legitimidad.

La transición posterior estuvo marcada por tensiones ideológicas y conflictos armados. La Revolución de Abril de 1965 y la posterior intervención militar estadounidense desencadenaron un proceso complejo de reconfiguración política, del cual emergió la figura del Dr. Joaquín Balaguer, quien gobernó durante doce años (1966–1978) con métodos que heredaban ciertos mecanismos de control del pasado. A partir de 1978, con la llegada al poder del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), se inicia una etapa de apertura democrática, con avances significativos en términos de participación ciudadana y libertades públicas.

Sin embargo, la democracia no vino acompañada de una consolidación plena de las instituciones ni de una adecuada gestión del patrimonio estatal. La desincorporación del sector público productivo —ingenios azucareros, empresas estatales como Seagana, fábricas y otras infraestructuras— se realizó en muchos casos sin transparencia ni planificación, bajo la lógica de un neoliberalismo incipiente. Esta desarticulación del Estado productor contribuyó a un aumento de la desigualdad y a la pérdida de soberanía económica, factores que aún hoy condicionan la vida política y social del país.

En la actualidad, la democracia dominicana se enfrenta a nuevos desafíos: la corrupción estructural, la compra de votos, la cooptación del poder por élites económicas y un sistema migratorio desregulado que ha generado tensiones sociales significativas. La percepción de que se ha debilitado la autoridad del Estado y que los intereses privados dominan la esfera pública plantea interrogantes serios sobre el rumbo del país. En este contexto, algunas voces evocan con nostalgia los aspectos de “orden” y “soberanía” del pasado trujillista, olvidando el alto costo humano que implicó dicho régimen.

El análisis histórico no debe caer en la tentación de idealizar ni demonizar sin matices. La dictadura de Trujillo fue un fenómeno complejo, con luces y muchas sombras. Comprenderla en su totalidad, reconociendo tanto su legado autoritario como sus efectos estructurales, es una tarea pendiente en la construcción de una memoria histórica crítica, madura y útil para las nuevas generaciones.

La historia, como la verdad, rara vez es absoluta. Solo el examen riguroso, desapasionado y completo permite entender de dónde venimos y hacia dónde queremos dirigirnos como nación.