Perseguir delitos en las redes sociales

 

Por Melvin Matthews / Periódico Hoy

MIÈRCOLES, 28 MAYO 2025: Faride Raful ha sido atacada de forma despiadada desde las redes sociales. La ministra de Interior y Policía, quien es ante todo mujer destacada, abogada y dirigente política, se vio compelida a destinar las horas previas al “Día de las Madres” – ¡vaya el simbolismo! – para anunciar el inicio de acciones judiciales contra depredadores del honor y la honra ajenas, la reputación y la intimidad personales, que pululan a través de las redes sociales.

Previamente, a mediados de mayo, un grupo de colegas de la prensa integrado por Marino Zapete, Mariasela Álvarez, Edith Febles y Altagracia Salazar, presentó formales querellas penales ante el Ministerio Público contra varios supuestos “influencer”, a quienes acusan de incurrir en actos de difamación, injuria y desinformación utilizando medios y plataformas digitales.

Estos hechos jurídicos, junto a otros precedentes que quedan en el tintero, revelan el auge del delito desde plataformas digitales creadas con la mera intención de influir negativamente en la opinión pública mediante contenidos orientados hacia la propaganda sucia, la desinformación, el lenguaje procaz y la propagación de “noticias falsas”.

Al parecer, hay individuos accionantes de la Internet que desconocen, o deliberadamente ignoran, que en República Dominicana los derechos fundamentales, también conocidos como derechos humanos, están garantizados en la Constitución y en leyes internacionales. Derechos que se enumeran en el Capítulo I de la Carta Magna a partir del artículo 37, y que abarcan una amplia gama de libertades y protecciones, incluyendo el derecho a la vida, la dignidad, la integridad personal, la intimidad y el honor, entre otros.

Tanto el Derecho Penal como el Derecho Civil establecen que, en materia de delitos y cuasidelitos, “cualquier hecho del hombre que causa a otro un daño, obliga a aquel por cuya culpa sucedió, a repararlo”. Y los navegantes eventuales difamadores, injuriosos y depredadores de las redes sociales no están exentos de esa premisa vigente en nuestro sistema de justicia.

No se trata de que estas acciones reparadoras legalmente de daños contra la integridad personal, pretendan restringir la libertad de expresión, que es un derecho inalienable reconocido en nuestra carta sustantiva y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Creo que las campañas sucias desatadas desde las redes sociales contra líderes de influyentes grupos económicos, que se han desvelado por el bienestar general de la sociedad dominicana, así como contra dirigentes políticos, han conducido al gobierno del presidente Abinader a tratar de frenar jurídicamente tales tropelías mediáticas.

Pero cuidado, que la medicina no resulte peor que la enfermedad, porque la libertad de expresión en redes sociales es fundamental para el funcionamiento de nuestra sociedad democrática, ya que permite la participación ciudadana y la discusión pública.

No obstante, el Estado debe perseguir y sancionar a las sabandijas mediáticas que se escudan detrás de la libertad de las redes sociales para depredar la reputación ajena.