Difamación y libertinaje en redes sociales

 SÀBADO, 17 MAYO 2025: La expansión de las redes sociales ha abierto puertas insospechadas para la comunicación, pero también ha liberado una ola de publicaciones difamatorias, insultantes y destructivas que cada día afectan a ciudadanos, profesionales, empresarios y figuras públicas en la República Dominicana.

Lo que antes era considerado rumor de esquina, hoy puede alcanzar miles de personas en segundos con tan solo un clic, generando daños emocionales, sociales y legales, a veces irreparables.

Ley 53-07 y Código Penal: herramientas contra la difamación digital

En el país, la Ley No. 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología tipifica como delito la difamación e injuria cometida por medios electrónicos. El Artículo 21 establece penas de tres meses a un año de prisión, así como multas que pueden ascender a quinientas veces el salario mínimo.

Asimismo, el Código Penal Dominicano contempla la difamación en sus artículos 367 y 371, y permite la imposición de sanciones tanto penales como civiles. A estos se suman precedentes judiciales que refuerzan el criterio de que los actos de difamación digital no pueden quedar impunes bajo el pretexto de la libertad de expresión.

En 2022, la Suprema Corte de Justicia anuló más de 5,000 procesos por mal uso de la ley, recordando que este tipo de casos deben ser perseguidos por el Ministerio Público, aun cuando sean promovidos por particulares.

Casos reales: del insulto a la persecución judicial

Uno de los casos recientes más notorios fue el arresto en 2023 de Wander Valdez Ruiz, señalado como autor de múltiples publicaciones en redes sociales que acusaban a un ciudadano de falsificación, sin presentar evidencias. El hecho generó un proceso judicial bajo la Ley 53-07 y expuso la gravedad del fenómeno.

También se han documentado numerosos casos de páginas anónimas en Facebook y TikTok que se dedican exclusivamente a destruir reputaciones, publicar calumnias, fotos alteradas y falsos escándalos, afectando la vida personal y profesional de sus víctimas.

Libertad no es libertinaje

El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, ha sido tajante al respecto: “La libertad de expresión no puede ser utilizada como excusa para destruir personas”. Legisladores discuten proyectos de ley que buscan definir con claridad los límites entre una opinión libre y una publicación delictiva.

Psicólogos, abogados y comunicadores coinciden en que muchas veces, detrás de estas publicaciones difamatorias, se esconden rencores, envidias, competencia desleal o simplemente una cultura de odio fomentada por el anonimato digital.

¿Quiénes atacan? ¿Y por qué?

Aunque no existe un único perfil, los agresores digitales suelen mostrar rasgos de impulsividad, narcisismo y búsqueda de validación social, a veces escudados en perfiles falsos. También se detectan casos de usuarios reales que creen erróneamente que publicar en redes es sinónimo de impunidad.

Estas publicaciones no solo manchan nombres, sino que generan estrés, ansiedad, pérdida de empleos, rupturas familiares y amenazas de muerte.

Un llamado a la conciencia colectiva

El uso de redes sociales exige educación digital, valores y respeto al derecho ajeno. La libertad de expresión es un derecho constitucional, pero no puede utilizarse para dañar sin consecuencias.

El llamado es a crear conciencia legal y ética, tanto en los usuarios comunes como en los influenciadores, medios digitales y figuras públicas. Nadie está por encima de la ley, y cada publicación deja huellas.

Winston Hernández

Periodista y cronista de temas sociales nativo de La Vega