Denuncian parcialidad de Gobernadora de San Juan por explotación minera

 

Nota recibida De: Ruben Zabala Moreta <rzabala32@uasd.edu.do>

EN SAN JUAN DE LA MAGUANA, jueves, 15 mayo 2025: El Movimiento Suroeste Unido por el Agua y la Vida deploró que la gobernadora provincial doctora Ana María Castillo “se esté colocando al servicio de oscuros intereses corporativos mineros, utilizando su cargo como representante del Poder Ejecutivo y comprometiendo el nombre y la palabra del Presidente Luis Abinader”.

La institución ambientalista denuncia que la Gobernadora Castillo Mateo reveló el 10 de julio de 2024 y ha reiterado recientemente en varios medios de comunicación, favorecer la realización de los estudios de impacto ambiental en favor de la empresa minera GoldQuest Mining Corp., aunque la Ley 64-00 de Medio Ambiente y Recursos Naturales establece que se requiere primero de una evaluación ambiental estratégica que determine si es pertinente transformar esta región agrícola en un distrito minero.

“Emplazamos a la Gobernadora de San Juan a decir si está actuando por “motu proprio” o sirviendo a grupos corporativos transnacionales, que solo les interesa obtener lucro, sin medir las consecuencias desastrosas para el medio ambiente y la vida humana que genera una explotación minera”- señala una declaración de prensa del Movimiento Suroeste Unido por el Agua y la Vida.

Agrega que “admitir la realización de un estudio de impacto ambiental significa reconocer que estaríamos de acuerdo con que San Juan se convierta en un Distrito minero, lo cual este movimiento, junto con el noventa y nueve por ciento de la población sanjuanera rechaza contundentemente”.

“La Gobernadora Ana María Castillo Mateo, quien dice ser representante del poder ejecutivo, está comprometiendo la palabra del Presidente Abinader con algo que está en contra de la ley”, precisa el Movimiento Suroeste Unido por el Agua y la Vida.

Añade la institución que “tenemos que recordar que la fragilidad de la zona donde está la mina es un elemento a tomar muy en cuenta”.

Advierte la coalición ambientalista que “la ley 64-00 establece que los procesos de producción de agua no pueden ser alterados y precisamente las aguas del Río San Juan abastecen no solo a los acueductos de los municipios de Juan de herrera y San Juan de la Maguana, sino también las diferentes infraestructuras de riego agrícola, las cuales les han costado miles de millones de pesos al pueblo dominicano, como son los casos de la Presa de Sabaneta, los canales José Joaquín Puello, Canal San Juan, Canal Hato del Padre Santomé, Canal Guanito-San Juan, entre otros”.

“Habría que preguntarse ¿por qué estas compañías extranjeras, y en particular canadienses, no explotan oro en su propio territorio y prefieren venir a hacerlo a países periféricos como el nuestro, que consideran su patio trasero?, denuncia el Movimiento Suroeste Unido por el Agua y la Vida.

La organización reitera su firme oposición a la explotación minera en el Valle de San Juan, por el irreparable daño medioambiental que provocará, y enfatiza que “el agua es un tesoro que vale más que el Oro”.


 

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