LOS PRINCIPALES CONTRATOS II. Los contratos aleatorios (22 de 26)

 

Por Águeda Rodríguez de Ramírez

El Código civil no contempla disposición alguna relativa a los contratos aleatorios, los cuales son definidos por los hermanos Mazeaud como aquellos en los cuales la ventaja que cada una de las partes obtienen no es apreciable con motivo de su formación por depender esa ventaja de un acontecimiento incierto al que los contratantes han querido subordinar sus probabilidades de ganar o de perder.

Cuando un contrato sea aleatorio, el azar existe para los dos contratantes: el acontecimiento que aprovecha al uno significa una pérdida para el otro.

Existen dos categorías de contratos aleatorios:

· Aquellos en los cuales la finalidad de las partes consiste en provocar la suerte y beneficiarse de ella, en jugar sobre el acontecimiento, como el juego y la apuesta.

· Otros que tienen por objetivo en el espíritu de las partes o en el de una de ellas protegerse contra la suerte, como el seguro.

Existen situaciones en las cuales una de las partes no corre ningún albur, como por ejemplo, el organizador de una lotería que afecta a los premios una suma determinada o el asegurador que gana por un lado lo que pierde por otro, pero tales contratos crean un riesgo para sus organizadores. Por haber querido las partes correr un albur, no pueden quejarse de la lesión que sufren cuando les sea contraria la suerte: la rescisión por lesión no rige en el contrato aleatorio, y hace falta que el azar sea verdadero.

Como consecuencia de la autonomía de la voluntad, el número de los contratos aleatorios resulta limitado. En este apartado serán examinados: el juego, la apuesta, la constitución de renta vitalicia y el contrato de seguro terrestre.

Sobre el contrato de seguro terrestre “lato sensu” (en sentido amplio), los hermanos Mazeaud aseguran que los mismos se oponen a los seguros marítimos, siendo terrestres en esta acepción los seguros aéreos y los fluviales. La ley del 13 de julio de 1930 instituye el derecho común de los seguros terrestres “lato sensu”, por lo que en esta parte será esta reglamentación la considerada.

El contrato de seguro es el contrato por el cual una de las partes, el asegurador, toma a su cargo un riesgo cuya realización amenaza a la otra parte, el asegurado, mediante el pago por el asegurado de una remuneración, la prima o la cuota.

La operación del seguro se basa sobre el cálculo de probabilidades: el seguro de la vida descansa, por ejemplo, sobre las tasas de mortalidad establecidas científicamente por los actuarios (profesionales que utilizan las Ciencias Actuariales y la Estadística para realizar un análisis de los riesgos financieros), pero no siempre se cumplen las previsiones de las estadísticas, por lo que el asegurador deberá tomar a su cargo solo la parte de los riesgos si son muy importantes o reagruparse por la

totalidad o en parte por otras aseguradoras especializadas.

Sobre la evolución del seguro, los hermanos Mazeaud inician señalando que en Roma no se practicaba, y que en materia marítima existían los préstamos a la gruesa por no tener el armador que reembolsar el importe del préstamo terrestre para costear el viaje. El seguro marítimo hizo su aparición en el siglo décimo quinto para desenvolverse a partir del décimo sexto.

El seguro terrestre nació en Inglaterra por el temor de los propietarios urbanos a raíz del gran incendio de Londres en 1766.

En Francia los seguros contra incendio se desenvolvieron después del siglo décimo octavo y los seguros de vida estuvieron prohibidos por la ordenanza del 1681.

Por el hecho de la Revolución francesa, desaparecieron las sociedades por acciones y las de seguros reaparecieron como restauración: cubrían los riesgos de incendio y luego los de accidentes.

El seguro de vida fue más lento en su desenvolvimiento, aun cuando un dictamen del 23 de marzo de 1818 había afirmado su licitud. Tal contrato no entraba en ningún marco jurídico licito: la estipulación a favor de un tercero estaba en principio prohibida por el artículo 1121 del Código civil y la jurisprudencia, para favorecer el seguro sobre la vida, en atención a los intereses de la familia, debió sostener la validez de la estipulación al marge

La multiplicación del maquinismo y el progreso de la circulación han tenido por resultado el desarrollo de los seguros de responsabilidad. La seguridad social ha tomado a su cargo algunos riesgos, lo cual no ha suprimido el interés del seguro y, en materia de responsabilidad, salvo los casos de accidentes de trabajo, el responsable debe asegurarse siempre, ya que la seguridad social, subrogada en los derechos de los reclamos, reclamará lo que haya pagado.

En materia de enfermedad, invalidez, vejez, al cubrir la seguridad social solo una parte del riesgo de los asegurados, los propios asegurados tienen interés en asegurarse cerca de mutualidades o de sociedades de seguros.

El decreto-ley del 14 de junio de 1938 ha sustituido el estatuto y la inspiración de las sociedades de seguro organizado por el legislador, nacionalizando ciertas compañías importantes y reglamentando su funcionamiento por la ley del 25 de abril de 1946 en su artículo 1. El legislador ha hecho obligatorio el seguro en ciertas esferas:

· Ley del 10 de agosto de 1943 sobre seguro escolar.

· Artículo 366 bis del Código rural que reglamenta el seguro delos cazadores.

· Ley del 27 de febrero de 1958 y decreto 135 del 7 de enero de 1959 que imponen a los propietarios de vehículos terrestres de motor, la obligación de asegurarse contra las consecuencias de los accidentes que pueda causar la circulación de sus vehículos.

· Disposiciones fiscales especiales.

La ley de 1930 examina especialmente los seguros contra daños y los seguros contra personas, con lo cual marca la clasificación esencial de los seguros terrestres.

Por medio del seguro contra daños, el asegurado se previene contra un riesgo susceptible de afectar directamente a su patrimonio: incendio, robo, granizo, estragos de las aguas, etc., que puedan sobrevenir a las cosas corporales aseguradas y seguros de responsabilidad, que garantizan al asegurado contra la responsabilidad en que pueda incurrir en razón de daños

sufridos por terceros, como el seguro del automóvil.

El seguro de personas garantiza al asegurado contra los riesgos que amenazan su salud, integridad corporal o su vida: enfermedad, invalidez, muerte.

El seguro contra daños tiene por único objeto la reparación del perjuicio que afecta al patrimonio del asegurado, por lo que no puede recibir más que la pérdida que experimente y el articulo 28 formula claramente el principio: “El seguro relativo a los bienes es un contrato de indemnización; la indemnización debida por el asegurador no puede rebasar el importe del valor de la cosa asegurada en el momento del siniestro”.

Sobre el contrato de seguro terrestre, se estudiarán las reglas particulares de cada una de sus categorías.

En principio, la reglamentación del contrato de seguro terrestre es imperativa. El asegurado, salvo que agregare riesgos

cuantiosos, no tiene la posibilidad de tratar de igual a igual con el asegurador; el contrato de seguro suele ser un contrato de adhesión, por lo que la desigualdad entre los contratantes ha llevado al legislador a intervenir para proteger al asegurado mediante disposiciones de orden público. Salvo excepción expresa, toda disposición de la ley de 1930 es imperativa.

Son características del contrato de seguro terrestre:

· Consensual.

· Sinalagmático.

· De cumplimiento sucesivo.

· A título oneroso.

· Aleatorio.

Para precisar las reglas generales del contrato de seguro terrestre, se examinarán sucesivamente:

· La prueba y la formación del contrato.

· Sus efectos.

· Su existencia y su transmisión.

Sobre la prueba del contrato, los hermanos Mazeaud señalan el documento escrito que para tales fines exige el artículo octavo de la ley del 13 de julio de 1930. Por aplicación de los principios generales serán admitidos la confesión y el juramento decisorio con la misma fuerza probatoria que el documento, y la Corte de casación se ha pronunciado en lo que concierne a la excepción del artículo 1348 del Código civil: la imposibilidad de procurarse un documento dispensa la prueba documental.

Entre las partes, el contrato de seguro da fe de su fecha, pero la misma solo puede ser invocada contra terceros si el documento tiene fecha cierta.

La formación del contrato de seguro obedece a las reglas generales de perfección del contrato, siendo suficiente mencionar algunas particularidades referentes al consentimiento, al objeto y a la causa.

Como en todo contrato, el consentimiento de las partes es necesario y debe emanar de personas capaces. La capacidad exigida en el asegurado es la de celebrar un acto de administración.

El contrato de seguro se inicia con un ofrecimiento por parte del posible asegurado con la mediación de un corredor quien lo representa. El cliente presenta un proposición u ofrecimiento para concertar el contrato en ciertas condiciones y, de conformidad con el derecho común, el contrato se perfecciona por la aceptación del asegurador, quien procede a redactar la póliza la cual, por ser el contrato consensual, no se requiere ad solemnitatem, aunque la perfección del contrato puede ser retrasada por las partes hasta la firma de la póliza e incluso hasta el pago de la primera prima. Los aseguradores suelen expedir una carta de cobertura o comprobante, práctica que la ley de 1930 reconoce.

La póliza puede ser un documento notarial o privado, el cual contiene las condiciones generales impresas, las particulares son escritas a máquina, se extiende por duplicado y debe ser fechado el día en que se suscribe. También debe indicar la fecha a partir de la cual será cubierto el riesgo y la duración de la garantía. Este documento no es un requisito de validez, pero si falta, será difícil demostrar los hechos que tiene por finalidad probar.

Como todo contrato, puede ser modificado por acuerdo de las partes. Se extiende una novación firmada por las partes sometidas a las mismas reglas que la póliza. Si, durante diez días el asegurador al cual se ha dirigido una propuesta de modificación o de prórroga guarda silencio, el mismo equivale a aceptación, salvo en materia de seguro de vida.

El contrato de seguro debe ser interpretado según las reglas generales de interpretación de los contratos y, si existe contradicción entre las condiciones generales y las particulares estas últimas deben prevalecer.

El legislador protege a cada uno de los contratantes contra el dolo del otro por reglas que justifican la calificación de “contrato de buena fe” que se da a veces al contrato de seguro:

· Contra el dolo del asegurado, incluso por simple reticencia (Efecto de no decir sino en parte, o de no dar a entender claramente, y de ordinario con malicia, que se oculta o se calla algo que debiera o pudiera decirse), el asegurador está protegido por la obligación impuesta al asegurado de formular sinceras declaraciones con referencia al riesgo. Toda falsa declaración y toda reticencia del asegurado, cuando sean fraudulentas, llevan consigo la nulidad del contrato si en ausencia de las mismas el asegurador no habría contratado en condiciones semejantes.

· El asegurado está protegido contra el dolo del asegurador y las sorpresas de la póliza por la obligación impuesta al asegurador de redactar la póliza en “caracteres destacados” y mencionar en “caracteres muy destacados” la duración del contrato y las cláusulas que establezcan nulidades o caducidades.

Las disposiciones de la ley de 1930 son en principio, imperativas, pero la libertad de las partes ha sufrido un nuevo atentado justificado ante el interés social: el legislador ha hecho obligatorio el seguro en algunos casos particulares, especialmente el seguro de la responsabilidad originada en accidentes de la circulación.

El contrato de seguro tiene por objeto la cobertura del riesgo: ese riesgo debe existir y consiste en la eventualidad de un acontecimiento que atente contra los derechos del asegurado, de modo que si la producción del hecho es cierta no hay riesgo y el seguro carece de objeto.

El objeto del contrato de seguro debe ser lícito, como por ejemplo las consecuencias civiles de las culpas propias no voluntarias incluso si son graves. Cabe también asegurarse contra las consecuencias de las culpas, hasta intencionales de las personas de las que se debe responder. No basta con que el objeto sea licito, la causa concreta, los móviles del contrato deben ser lícitos.

La sanción de la inobservancia de los requisitos de formación del contrato de seguro consiste, según el derecho común, en la nulidad relativa o absoluta del contrato. La nulidad se retrotrae, lo cual obliga al asegurador a restituir las primas, a menos que se trate de una declaración falsa o reticencia voluntaria, por conservar el asegurador las primas a título de daños y perjuicios; de tal suerte que en esto hay más bien rescisión del contrato que nulidad. La nulidad de las cláusulas de caducidad no entraña la nulidad del contrato.

ÁGUEDA RAMĹREZ DE RODRĹGUEZ



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