LOS PRINCIPALES CONTRATOS. Las obligaciones del comprador (13 de 14)


 Por ser la compraventa un contrato sinalagmático, las obligaciones del vendedor tienen como contrapartida las del comprador, que son las siguientes:

· Pagar el precio.

· Abonar los gastos de la compraventa.

· Recibir la cosa.

Los hermanos Mazeaud señalan como principal obligación del comprador la de pagar el precio de la cosa en el día y el lugar pactados por la compraventa. Es esta la más importante de las obligaciones, consideran los redactores del Código Civil, la más pesada de las cargas del comprador, siendo el pago del precio la contrapartida de la entrega de la cosa vendida y junto con el título que la cosa vendida, un elemento necesario para la formación del contrato de compraventa. Acerca de los componentes de este tema, serán analizados:

· El tiempo y el lugar del pago.

· El objeto del pago.

· Las garantías, o sea, los derechos del vendedor que no haya cobrado.

Sobre el tiempo y el lugar del pago, los hermanos Mazeaud nos explican que las partes son libres para fijar en la fecha que les plazca el vencimiento del precio, el cual puede ser:

· Un solo vencimiento para un precio global.

· Vencimientos sucesivos para un precio pagadero en partes.

A tal respecto, el Código Civil establece que el día de pago es “pactado por la compraventa”. Cuando Las partes convengan en un pago por letra de cambio o pagaré a la orden, trasladan el momento del pago al día en que deba pagarse el efecto. Si los contratantes no han fijado el día en que el precio debe ser pagado, ese día es el día en que debe hacerse la entrega, según el Código Civil.

En la compraventa, la interdependencia entre la obligación de entrega y la del pago es tan fuerte que el término que afecte a la primera afecta automáticamente a la segunda salvo expresa estipulación en contrario por lo que, si las partes quieren que el precio sea pagadero en momento distinto al de la entrega deben convenirlo así expresamente y, el comprador que haya recibido la cosa, debe probar el pago del precio.

Cuando la totalidad del precio sea pagadero desde la perfección del contrato, la compraventa se llama “al contado”, debiendo en tal caso la cosa vendida ser entregada inmediatamente, por ser la venta a la vez al contado y como disponible. Cuando se haya señalado un plazo para el pago de la totalidad o parte del precio, la venta será “a crédito”. Salvo cláusula en contrario, la entrega se retrasa hasta el pago del precio, siendo la venta a la vez a crédito y a entregar, aunque muy a menudo el vendedor debe entregar inmediatamente, aunque le hayan concedido al comprador un plazo para el pago de la totalidad o de parte del precio, tal es el caso de las ventas a plazos.

El comprador a crédito puede pagar sin esperar el vencimiento, aunque no puede disminuir el precio sin el consentimiento del vendedor el importe del descuento, que representa sobre todo los intereses del precio hasta el vencimiento.

El lugar del pago es el pactado en la compraventa y puede ser fijado libremente por las partes. Cuando las partes convengan el abono mediante una letra de cambio, un pagaré a la orden o un cheque, con ellos señalan el lugar del pago o el lugar donde el documento deba ser pagado: el domicilio del librado o en el del banquero domiciliado.

A falta de convención, el precio es pagadero en el lugar de la entrega. En principio, el lugar de la entrega es el lugar donde se entrega la cosa en el momento de la compraventa y, si la cosa no puede ser localizada en ese momento en el domicilio del vendedor, por lo que el comprador deberá trasladarse para recibir la cosa y pagar el precio.

Si el vendedor se niega a recibir el precio, el comprador debe formular ofrecimientos reales, seguidos de una consignación en la Caja de depósitos y de consignaciones, siendo la Caja que reciba el precio tenedora por cuenta del vendedor.

En ocasiones el pago se le hace a un tercero quien ha sido encargado por las partes para que reciba el precio. Es el caso del notario que recibe el precio de un inmueble vendido al contado quien recibe el precio a cambio de recibo y quien solo lo entregara al vendedor o a los acreedores hipotecarios luego de la publicación de la compraventa y de la purga.

El comprador debe pagar el precio convenido y los accesorios del mismo, objeto del pago. No siempre el precio ha sido determinado en una cifra definitiva en el contrato, siendo suficiente que sea determinable en el momento de su vencimiento.

El comprador debe, junto con el precio, los accesorios consistentes en los gastos de la compraventa, los intereses, los gastos de transporte y los derechos de aduanas, todos a cargo del comprador.

Las partes fijan libremente en el contrato de compraventa el momento a partir del cual el precio devengará intereses y, a falta de convención esos interesen se deben a cargo del comprador si se trata de una cosa fructífera, a partir de la entrega de la cosa. Si se trata de una cosa no fructífera, a contar de la estimación de pagar el precio. El artículo 95 del proyecto de ley uniforme sobre la compraventa internacional de los objetos corporales mobiliarios rechaza tal distinción porque la misma obliga al comprador, en caso de retraso en el pago del precio, al de intereses moratorios. El tipo de interés debido por el comprador cuando haya sido fijado por las partes, será el tipo legal del 4% en materia civil y el 5% en materia mercantil.

Salvo cláusula en contrario, los gastos del transporte de la cosa vendida y los derechos aduaneros están a cargo del comprador cuando haya adquirido la propiedad antes del transporte o de la salida de la aduana.

Cuando el comprador no cumpla con su obligación de pagar el precio, el vendedor puede exigir: el cumplimiento forzoso o la resolución de la compraventa, derecho de un acreedor en todo contrato sinalagmático.

Para constreñir al comprador al cumplimiento, el vendedor dispone de una acción para el pago del precio: el comprador que pretenda haber pagado debe probarlo, de conformidad con el derecho común de la prueba del pago, incluso si ha recibido la cosa. Para garantizar mejor ese pago, el legislador le confiere:

· Un derecho de retención.

· Un derecho llamado de reivindicación.

· Un privilegio.

En virtud del derecho de retención, cuando el comprador no haya recibido el bien mueble o inmueble y deba el precio, el vendedor tiene derecho a negarle la entrega hasta el pago del precio, no siendo ya propietario de la cosa, sino tenedor. El ejercicio del derecho de retención por el vendedor exige dos requisitos:

· El crédito del precio debe ser exigible: si en el momento en que el vendedor esté obligado a entregar el comprador no está sujeto a pagar el precio, el vendedor no puede ejercer el derecho de retención. Sin embargo, el vendedor puede negarse a la entrega a un comprador que no deba todavía el precio si el mismo está declarado en quiebra, sujeto a regulación judicial o en suspensión de pagos.

· El comprador no debe haber adquirido aun la tenencia de la cosa y el vendedor, en su carácter de expedidor, sigue siendo el dueño del transporte, por lo que puede modificar las instrucciones dadas al porteador, teniendo el derecho de recuperar la cosa vendida mientras el porteador no la haya entregado al comprador o a un tercero por cuenta del comprador.

El derecho de reivindicación confiere al vendedor de un mueble o de un inmueble que no haya cobrado, recobrar dentro de un plazo de ocho días de la entrega la cosa vendida si se encuentra en poder del comprador, considerándose así una extensión del derecho de extensión. Este derecho desaparece cuando el comprador es declarado en quiebre o sujeto a regulación judicial, aplicación del principio de igualdad entre los acreedores del quebrado.

El vendedor que no haya cobrado está dotado de un privilegio que le permitirá hacer que se venda la cosa y cobrar con preferencia sobre el precio del remate, privilegio especial inmobiliario o hipoteca privilegiada del Código Civil. Este privilegio desaparece en caso de quiebra o de regulación judicial del comprador.

El vendedor que no haya cobrado puede pedir la resolución judicial de la compraventa, facultad que le confiere todo contrato sinalagmático al acreedor de una obligación incumplida, al obtener del tribunal la resolución del contrato, su invalidación, encontrándose liberado de sus propias obligaciones y recobrando a título de propietario la cosa vendida y escapa al concurso de los acreedores del comprador. La resolución de la compraventa por falta de pago del precio que es facultativa para el vendedor presenta otros dos caracteres: es judicial y es de orden público.

Siendo la resolución judicial, debe ser pronunciada por los tribunales los cuales son, en principio, libres para sus decisiones y pueden ordenar el cumplimiento aunque se les pida la resolución o pueden conceder al comprador un plazo de gracia para el cumplimiento, es decir, para el pago del precio, salvo que el vendedor que demanda esté en peligro de perder la cosa y el precio, en cuyo caso la resolución se impone en el acto, como también se impone al juez cuando, a la expiración del plazo de gracia, el comprador no haya pagado el precio.

El proyecto de ley uniforme sobre la compraventa internacional de los objetos mobiliarios corporales se separa en dos puntos del derecho positivo francés:

· Suprime la necesidad de una intervención de los tribunales y reconoce al vendedor que no haya cobrado el derecho de “declarar la resolución del contrato”.

· Prohíbe a los jueces conceder al comprador un plazo de gracia para el pago del precio.

La obligación de acudir a los tribunales para que pronuncien la resolución de la compraventa puede ser descartada por la convención cuando las partes insertan válidamente en el contrato un pacto comisorio expreso, cláusula en virtud de la cual la compraventa se encuentra resuelta de pleno derecho si no se paga el precio en la época convenida. Sin embargo, la cláusula resolutoria no dispensa al vendedor de restituir al comprador en mora de pagar el precio, a menos que haya sido estipulada expresamente, es lo que dispone el Código Civil para la compraventa, tanto de inmuebles como de muebles.

El vendedor que no haya cobrado y que cuenta con la elección entre el cumplimiento forzoso y la resolución puede renunciar válidamente posterior al incumplimiento del comprador y la jurisprudencia reconoce el procedimiento, mientras, le prohíbe renunciar por anticipado, sobre todo en el contrato de compraventa, a su derecho de exigir la resolución por falta del pago del precio, solución adoptada por la Cámara de admisión el 19 de enero de 1863.

La resolución de la compraventa por falta del pago del precio exige dos requisitos:

· Que el incumplimiento sea lo bastante grave según apreciación del tribunal.

· Que la compraventa sea susceptible de resolución, ya que no todas lo son, como es el caso de las judiciales, las cesiones de oficios enajenados y aquellas en las cuales no es posible reponer a las partes en la posición anterior a la compraventa.

Si el vendedor fallece antes de haber exigido la resolución de la compraventa, su derecho se transmite a los herederos.

La resolución de la compraventa por falta del pago del precio tiene dos efectos:

· La invalidación retroactiva de la compraventa.

· La obligación del comprador de reparar el perjuicio resultante de ello al vendedor.

La compraventa se encuentra invalidada retroactivamente entre las partes y con respecto a terceros:

· Entre las partes se vuelve a la situación anterior a la conclusión del contrato, por lo que el vendedor debe restituir al comprador las partes del precio que haya recibido y los intereses, y el comprador debe restituir la cosa que se le haya entregado y los frutos percibidos.

· Con respecto a terceros, se considera que el vendedor no ha perdido jamás la propiedad de la cosa vendida, por lo que la recobra a título de propietario y como tal aún no tiene que sufrir el concurso de los acreedores del comprador ni los derechos consentidos por él sobre la cosa, ya que se estima que nunca fue propietario y quedan invalidados.

En materia mobiliaria, el peligro para los terceros adquirientes queda atenuado por la regla del Código Civil cuando, para recobrar la cosa del tercero adquiriente, el vendedor que no haya cobrado deberá demostrar su mala fe si en el momento de la adquisición no pagó el precio. En materia inmobiliaria, el peligro se descarta por la publicidad a que se encuentra sometido el privilegio del vendedor, sin la cual no puede ejercer acción resolutoria frente a terceros adquirientes. Además, los terceros adquirientes deben haber efectuado la publicidad o no podrán alegar la acción resolutoria.

Si la resolución de la compraventa causa un perjuicio al vendedor, puede obtener un abono en daños y perjuicios como reparación, simple aplicación de las reglas generales de obligaciones. La deuda del comprador será la diferencia entre el precio convenido y el precio inferior al que el vendedor venderá la cosa a un tercero.

El derecho del vendedor que no haya cobrado a exigir la resolución de la compraventa desaparece ante varias situaciones:

· Por la renuncia del vendedor, cuya validez admite la jurisprudencia cuando se produzca después del cumplimiento por el comprador de la obligación del pago del precio.

· Por la prescripción, que extingue la acción resolutoria como cualquier otra acción judicial, la de derecho común.

· La adjudicación tras embargo inmobiliario purga la acción resolutoria, debiendo prevenir los embargantes al vendedor embargante quien, si no ha notificado a la secretaria del tribunal su intención de demandar, la resolución ve extinta su acción resolutoria.

· El auto que declare la quiebra o la regulación judicial impide que el vendedor que no haya cobrado intente la acción resolutoria, el privilegio y el derecho de reivindicación. No obstante, la acción resolutoria subsiste si ha sido intentada antes del auto.

De las garantías del vendedor de un bien mueble que no haya cobrado únicamente subsiste en caso de quiebra o de regulación judicial del comprador el derecho de retención, el cual supone además que la cosa vendida haya permanecido en poder del vendedor o de un porteador. Desde el instante en que la cosa vendida haya sido entregada al comprador, el vendedor de un bien mueble es, para el cobro del precio, un acreedor quirografario en la quiebra o la regulación judicial del comprador.

Los gastos que requiera el contrato de compraventa se consideran accesorios al precio y están a cargo del comprador, situación tradicional acogida por los redactores del Código Civil. Los gastos de documentos incluyen:

· Los honorarios del redactor de la escritura.

· Los derechos de sellado.

· Los derechos de publicación registral.

Los gastos de la purga de hipoteca están a cargo del vendedor, por estar los mismos ligados a su obligación de garantizar al comprador contra la evicción.

La regla que pone los gastos documentales y otros accesorios a cargo del comprador rige en las relaciones entre comprador y vendedor y, para para obtener su cumplimiento por parte del comprador, el vendedor dispone de las mismas garantías que para conseguir el pago del precio, ya que tales gastos son un suplemento, un accesorio del precio.

La regla del Código Civil en cambio carece de aplicación para las relaciones de los contratantes con los terceros: el acreedor de las deudas tiene por deudora la parte que le haya dado mandato para causarlos. Esta regla es solo supletoria, ya que la distribución entre el comprador y el vendedor puede ser modificada válidamente por la convención mediante la cual las partes ponen en manos del comprador o del vendedor los gastos.

Si bien la obligación de entregar está a cargo del vendedor, es obligación de recibirla del comprador, a quien incumbe apoderarse de la cosa, retirarla o llevársela si es un bien mueble, obligación a la que los redactores del Código Civil califican, en la compraventa de muebles “de retiro” y que suele representar gran importancia para el vendedor incapaz de conservar en sus almacenes las mercaderías vendidas.

Ambas obligaciones, la de entregar y la de recibir, se combinan y se condicionan; el comprador no puede recibir si el vendedor no entrega; el contenido y los requisitos de tiempo y de lugar son necesariamente correlativos.

En un análisis sobre la obligación de recibir la cosa comprada, los hermanos Mazeaud nos explican que, así como la entrega no transmite la propiedad ni la posesión sino la tenencia, la recepción no consiste en adquirir la propiedad ni la posesión, sino la tenencia.

La obligación de recibir la cosa comprada lleva consigo la de que el comprador cumpla los actos que de él dependan y sin los cuales el vendedor no podría efectuar la entrega, así el comprador se coloca en la imposibilidad de efectuar el retiro.

La obligación de recibir la cosa comprada debe efectuarse, en principio, en el lugar en que se encuentre la cosa vendida cuando la conclusión del contrato, y todas las convenciones que modifiquen el momento o el lugar de la entrega, modifican necesariamente el momento o el lugar del retiro.

Cuando la convención deje al comprador el cuidado de designar el lugar de la entrega y del retiro, tal designación se halla incluida en la obligación de retiro. El contrato o la costumbre suelen fijar un plazo para que el comprador efectúe el retiro, siendo el comprador libre para presentarse cualquiera de los días del mismo para retirar la cosa comprada, por lo que el vendedor debe estar listo para entregar la cosa desde el primer día del plazo.

Puesto que la obligación de recibir pesa sobre el comprador, éste debe soportar los gastos del retiro y, salvo pacto en contrario, procurar:

· El personal y el material necesarios para el retiro.

· Los embalajes para las mercaderías que por sus características solo puedan ser retiradas colocándolas en envases.

El incumplimiento por el comprador de su obligación de recibir la cosa comprada origina para el vendedor una opción entre el cumplimiento forzoso de la obligación y la resolución del contrato.

Si el vendedor opta por el cumplimiento forzoso de retiro, luego de la intimación dirigida al comprador puede pedir de los tribunales: o bien que ordenen que el comprador proceda al retiro bajo “astreinte” si es preciso, o que se le autorice para que se le retire la cosa vendida y se deposite en poder de un tercero con todos los gastos a cargo del comprador. Si opta por la resolución de la compraventa, debe pedir que el tribunal la pronuncie junto con el abono de daños y perjuicios como reparación del detrimento que ello le cause.

Como el vendedor de objetos mobiliarios suele encontrarse en la imposibilidad de conservar las cosas vendidas y no puede esperar un pronunciamiento judicial, los redactores del Código Civil han establecido una regla derogatoria del derecho común la cual dispone que “En caso de la venta de productos alimenticios y de efectos mobiliarios, la resolución de la venta tendrá lugar de pleno derecho y sin intimación a favor del vendedor, después de la expiración del término convenido para el retiro”. Así puede el vendedor disponer de la cosa vendida, despejar sus almacenes y limitar los riesgos de la baja de precios. La resolución por el vendedor siempre origina el derecho del comprador a la reparación del perjuicio que le cause al vendedor, sobre todo por la baja de los precios, la cual consistirá en el abono de daños y perjuicios.

La obligación de conservar la cosa pesa sobre el vendedor hasta la expiración del plazo convenido para el retiro. También existe intacta, luego de la expiración del plazo, mientras el vendedor no haya constituido al comprador en mora para efectuar el retiro, acto que coloca al comprador en retraso, y aun así subsiste la obligación de conservación “hasta la entrega”.

ÁGUEDA RAMĺREZ DE RODRĺGUEZ

27 DE ABRIL 2020


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