LAS GARANTĺAS. La hipoteca sobre los bienes de los contadores públicos (17 de 19)


El Estado y las colectividades públicas disponen de una hipoteca legal sobre los inmuebles

de sus contadores para protegerse de las culpas de su gestión. En tal virtud el Estado, los departamentos, los municipios y los establecimientos públicos, de acuerdo a lo dispuesto por el código civil y la ordenanza 71 del 7 de enero de 1959, poseen una hipoteca legal y, a quienes se hayan incluido en la función sin derecho o contadores ocultos, el legislador aplica un régimen idéntico al de los contadores regulares.

Los bienes de los recaudadores y administradores que hayan de rendir cuentas están gravados con hipoteca legal. Para que las colectividades públicas estén protegidas, son necesarias dos condiciones:

· Que el funcionario desempeñe un papel de gestión.

· Que el funcionario tenga el manejo de fondos que se le hayan confiado.

Los créditos del Estado y de las demás colectividades públicas contra los contadores están garantizados por una hipoteca simple, la cual adquiere rango desde el día de su inscripción. Esta hipoteca garantiza todos los créditos presentes y futuros de la persona moral de derecho público contra el contador, por razón de su gestión. Sin embargo, la generalidad está moderada por la necesidad de una avaluación al efectuarse la inscripción.

La hipoteca recae sobre todos los inmuebles presentes y futuros del contador, pero debe ser inscrita sobre cada inmueble.

La hipoteca del Estado se extiende a los inmuebles de la mujer, incluso si está separada de bienes del contador, siendo la misma especial porque solo recae sobre los inmuebles adquiridos a título oneroso luego del nombramiento del marido, pudiendo excluirlos si justifica legalmente que los fondos empleados en su adquisición le pertenecen. Esta hipoteca es susceptible de ser reducida y, junto a ella, el Estado se beneficia de un privilegio general mobiliario.

En el antiguo derecho francés, la hipoteca judicial tuvo doble origen:

· El acreedor que hubiera obtenido una sentencia de condena contra su deudor, quien se beneficiaba del privilegio llamado de primer embargante, el cual resultaba de la prioridad en la persecución judicial y de la sentencia. Ese privilegio se transformó más adelante en hipoteca.

· Los documentos privados que habían adquirido la autenticidad por una sentencia sobre reconocimiento o verificación de escritura, sobre los cuales se decidió que llevaran consigo hipoteca al igual que los notariales.

Los redactores del código civil mantuvieron la doble esfera de la hipoteca judicial. El decreto del 4 de enero de 1955 ha suprimido la hipoteca de las sentencias de reconocimiento y de verificación de escritura, dejando que subsistan solo las de la sentencia de condena, eficacia que ha sido reforzada por el legislador cuando dispone que el acreedor puede obtener desde el inicio del litigio, al mismo tiempo que medidas conservatorias una hipoteca provisional, con el objetivo de impedir que el deudor se aproveche de los plazos del procedimiento para deshacerse de los inmuebles o hipotecarlos y tornar ilusoria la hipoteca que acompañaría la condena.

La hipoteca de las sentencias de condena permite al acreedor obtener una garantía que no ha logrado que le conceda el deudor y presenta para ambos algunas ventajas:

· El legislador da una prima a los acreedores más rigurosos, en perjuicio de los más pacientes o más humanos.

· La hipoteca judicial del artículo 2113 del código civil, acompañada por la provisional del código procesal civil, incita al acreedor, una vez obtenida esa garantía, a diferir el embargo y el remate, a consentir algunos plazos.

· Facilita la ejecución de los fallos.

Sobre la hipoteca concedida a titulo conservatorio, los hermanos Mazeaud explican que la ley del 12 de noviembre de 1955, modificada por la del 6 de febrero de 1956, instituye una serie de medidas cuya finalidad ha sido impedir al deudor demandado por el pago aprovechar los largos plazos del procedimiento para vender sus bienes y organizar su insolvencia. Ente tales medidas, junto al embargo inmobiliario y la pignoración del fondo de comercio, figura la hipoteca del artículo 54 del código procesal civil, la cual no puede conceder el juez si no se encuentran reunidos dos requisitos:

· Si el crédito está fundado en su principio.

· Si presenta carácter de urgencia en razón del peligro corrido por el acreedor.

Ante requerimiento del acreedor el juez, aun sin oír al deudor, único modo de dar a las medidas conservatorias plena eficacia, dicta la providencia ejecutiva ʺno obstante oposición o apelaciónʺ, la cual se notifica al deudor dentro de los quince días de la inscripción, pudiendo solicitar al juez de los réfereés (árbitros) la cancelación o la limitación en cuanto a los bienes.

Al autorizar al acreedor a trabar hipoteca debe el juez señalarle un plazo para formular su demanda de fondo y, de no demandar dentro del plazo fijado, la inscripción será nula. Sin embargo, según la jurisprudencia, si el juez omitiera el señalamiento de un plazo, esa omisión no implicaría la nulidad de la providencia ni de la inscripción.

La hipoteca del artículo 54 del código procesal civil es provisional, por lo que desaparece si el acreedor no demanda sobre el fondo, si deja que caduque la instancia, o si es desestimado en su demanda, y es reemplazada por el código civil cuando obtenga la condena de la sentencia del fondo, la cual adquirirá el rango de la hipoteca provisional a la cual sustituye.

La hipoteca atribuida a título conservatorio está sometida a publicidad y adquiere rango desde la misma fecha. Es especial en cuanto al crédito garantizado, arbitrado provisionalmente por el juez y, en cuanto a la base material, el juez designa los inmuebles sobre los cuales recae, aunque tiene la facultad de designar todos los presentes.

La hipoteca judicial de las sentencias de condena, por estar unida a la sentencia por la ley, es una hipoteca legal, y al respecto los hermanos Mazeaud señalan los requisitos que fija el derecho positivo, de los cuales depende su concesión:

1ero. Es necesaria una resolución judicial, sea contradictoria o dictada en rebeldía, definitiva o provisional la cual, si es revocada, la hipoteca es nula.

2do. La hipoteca está unida a las resoluciones judiciales, sin que haya que distinguir según la jurisdicción que la haya pronunciado: sea de derecho común o de excepción, de un tribunal civil, comercial, represivo o administrativo. No obstante, los laudos arbitrales y las sentencias extranjeras solo van acompañadas de hipotecas si han recibido la homologación.

3ero. Se necesita una condena, la cual puede ser simplemente eventual, como la que ordena una rendición de cuentas y no va unida a los actos de jurisdicción voluntaria, actos de administración judicial que no resuelven verdaderos litigios.

4to. La resolución de condena debe verificar un crédito, puesto que la hipoteca es necesariamente el accesorio de un crédito, el cual puede ser objeto de la condena principal o de condenas accesorias.

La hipoteca resultante de las sentencias de condenas presenta los siguientes caracteres:

· Está sometida a publicidad, por lo que su eficacia está subordinada a su inscripción.

· Es especial en cuanto a los créditos garantizados, ya que solo garantiza los créditos verificados por la sentencia.

· Es general en cuanto a su base material, ya que recae sobre todos los inmuebles presentes y futuros del deudor.

Cuando sean excesivas la tasación de los créditos garantizados o la base material, como el embargo y la pignoración del fondo de comercio, se permite al deudor pedir la reducción de la inscripción.

Luego de 1804, varias leyes han creado hipotecas simples cuyo rango se fija en la fecha de inscripción y cuya base material es general aunque, por lo demás, esa generalidad se encuentre moderada siempre por la especialidad de la inscripción y de ellos, los hermanos Mazeaud citan los siguientes:

· La hipoteca simple que garantiza la repetición ejercida por el departamento contra el beneficiario del subsidio concedido por la Oficina de ayuda social, si el mismo llega a

mejor fortuna o si recibe alguna liberalidad después de la solicitud de asistencia consagrada en el artículo 148 del código de familia y de la ayuda social.

· La hipoteca simple sobre los inmuebles del subvencionado por un Fondo nacional de solidaridad creado por el artículo 50 del decreto del 26 de julio de 1956 a favor de los ancianos económicamente débiles con la finalidad de abonarles un subsidio suplementario. El artículo 49 del decreto de aplicación del 26 de julio del mismo año, prevé que esos subsidios serán recuperados sobre la sucesion del subsidiado, para garantizar la repetición conferida a los servicios encargados del subsidio.

Uno de los objetivos perseguidos por los redactores del decreto del 4 de enero de 1955 ha sido la desaparición de los privilegios generales inmobiliarios, por lo que ha dejado que subsistan solo tres privilegios que gravan muebles e inmuebles: el de los gastos de justicia, el de los salarios, y el de los autores, compositores y artistas. Todos los demás privilegios generales enumerados por el artículo 2101 del código civil o creado por leyes posteriores han sido transformados, sobre los inmuebles, en hipotecas simples y generales.

Los privilegios generales transformados en hipotecas simples presentan las siguientes características:

· Pierden su carácter oculto ya que deben ser publicados y adquieren rango desde su inscripción.

· Son generales en cuanto a los inmuebles que gravan, inconveniente que se haya atenuado por la especialidad de la inscripción.

· Son especiales en cuanto a los créditos garantizados.

Las hipotecas legales simples y especiales, así como las convencionales, recaen sobre uno o varios inmuebles determinados del deudor. Su rango se fija por la fecha de su inscripción y los siguientes son sus orígenes:

· Algunos han sido creados directamente por el legislador como hipotecas simples y especiales, como la del 27 de julio de 1934, que da una hipoteca a los departamentos y a los municipios, como garantía de los anticipos hechos a organismos de construcción de casas de alquiler moderado, sobre los inmuebles construidos con tales anticipos.

· Los privilegios especiales inmobiliarios convertidos en hipotecas legales simples, con excepción de los enumerados por el artículo 2103 del código civil.

· La hipoteca de la colectividad de los propietarios de un inmueble dividido por departamentos, que recae sobre la parte divisa y la cuota parte indivisa del deudor en el inmueble, la cual se inscribe ante la presentación del documento auténtico que acredita el anticipo, la hipoteca sobre las minas, que recae sobre la mina concedida a capitalistas, y la de los constructores o empresarios que no hayan cobrado y que han anticipado los fondos. Adquiere rango desde el día de su inscripción.

· Privilegios especiales inmobiliarios que han degenerado en hipotecas simples por falta de

inscripción dentro del plazo prescrito, que adquiere rango desde el día de su inscripción.


ÁGUEDA RAMĺREZ DE RODRĺGUEZ

3 de junio 2019
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