EDITORIAL DE EL CARIBE: Institucionalidad y migración


Nueva vez asistimos a la reafirmación de la pobre institucionalidad dominicana con la decisión del Consejo Nacional de Migración de extender un año más el período para que miles de inmigrantes indocumentados puedan completar sus expedientes y normalizar su estatus.Ocurre sin que la comunidad internacional a la que tanto le teme el gobierno esté de manera manifiesta pidiéndolo. Tampoco se percibe ninguna manifestación de los amigos del pueblo haitiano que libraron una tremenda batalla contra la sentencia 168-13. Los potencialmente afectados por el fin del plazo tampoco han expresado ningún pedimento. 

Desde Haití, las autoridades podrían haber gestionado lo que se acaba de hacer, pero con mucha sutileza, dado que desde el 2015 han admitido que no cuentan con los medios para acelerar el Programa de Identificación de Inmigrantes de Haití (PIDIH), que activaron para tratar de documentar a sus ciudadanos radicados aquí.


Lo que ha resonado es una fuerte demanda interna para que no haya prórroga.

Dos factores pudieron conducir al gobierno a tomar la decisión. El empeño en evitar que se reactivaran en el exterior las denuncias contra la República Dominicana, o un elevado sentido de solidaridad o caridad.

Los más descreídos podrían concluir que para el gobierno no tiene objeto embarcarse en una campaña de deportaciones masivas, que sería complicado sufragar, consciente de que de todas formas volverían. Es probable también que el gobierno valorara esa fuerza laboral. No hablamos de los que andan por las calles vendiendo chucherías, sino la fuerza laboral que sustenta parte importante de la industria de la construcción y la agricultura.

Quienes así piensan no olvidan que fueron 288,466 extranjeros los inscritos para regularizarse. Es verdad que entre ellos había 20 nacionalidades, pero más del 90% son haitianos. De todas formas, ya el plan le ha costado al gobierno no menos de US$50 millones, con los cuales se permitió identificar con un carnet a más de 143 mil.

Es que la caridad, el sentido político de cara a la comunidad internacional, y la afable cortesía hacia el vecino Haití tiene un fin práctico que confirma la pobre institucionalidad dominicana.

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