Y… ¡La defensoría del pueblo!, ¿Dónde está?...


Con la noticia de que en la tarde de ayer, distrito nacional, la doctora Zoila Martínez Guante, defensora del pueblo, fue asaltada, golpeada y dejada a pies al despojarla de su vehículo, despojada también de todas su dignidad y derechos fundamentales constitucionalmente hablando, dadas sus condiciones especiales además, de la condición de funcionaria pública de alta significación, su condición de mujer y su entradita en edad, condiciones éstas últimas que hacen que cualquier ciudadano se interese e interceda al momento de presenciar su ejecución, amanecemos hoy lunes 7 de noviembre, 172 y un día de su aplicación.

No nos terminamos de convencer del por qué una ciudadana de las altas responsabilidades, actuales y anteriores como la de fiscal del distrito, la cual constituye la única o una de las pocas personas que han renunciado al ministerio público de la capital; al momento de sufrir un atentado de esa naturaleza, lo reciba en medio de una soledad personal, debiera ser el estado natural de todos los dominicanos, pero lamentablemente no es así, es un estado de cosas, nuestro país, que no puede garantizar las mínimas reglas de seguridad, y que ella, doña Zoila Martínez, como defensora del pueblo, está llamada a acompañarnos a nosotros los ciudadanos a reclamar y recuperar las medidas de resguardo del derecho fundamental que significa la vida.

Ni el estado dominicano nos protege, a los ciudadanos sanos, ni tan siquiera nos deja defender, abunda señalar los casos de muertes, atracos y vulneración de propiedades que se denuncian y denunciamos a diario los ciudadanos como quien suscribe; fui despojado de una arma legal, el pasado 5 de agosto en un chequeo de la autopista dominicana “seis de noviembre”, arma cuyos impuestos están pagos hasta el próximo mes de diciembre, sin ningún antecedente, de ningún delito, ni yo ni mi arma, la cual fue en vida de don Néstor Matos , mi padre, ex senador en cuatro o cinco ocasiones, la cual, bajo los más estrictos vericuetos que pone la administración a los hombre justos y cumplidores de los deberes ciudadanos como quien suscribe.

Quienes vivimos enfrentado los ecocidas del suroeste del país y más, como David Vòlquez, que denunciamos los envenenadores de aguas para pescar, a los que degollan cocodrilos e iguanas, a los traficantes y quemadores de

carbón, más a los que expelen hacia la atmósfera millares de toneladas de gas carbónico mediante la quema masiva de Caña, que tiran hacia el ecosistema general productos como el glifosato, no se nos da como ciudadanos las más mínimas garantías o protección,; al amigo referido, que fue a denunciar conatos de amenazas contra él en varias ocasiones, se le hizo como decía mi difunto padre “el caso del perro” , en cambio, a nosotros, que con denuncias responsables sobre violación del parque nacional la gran sabana, declarado mediante el decreto ley 571-09, cuyo violador, armado hasta los dientes y viviendo patio con patio conmigo, me quitan el arma, única protección personal, no logrando o queriendo el actual gobernador provincial hacer la labor inherente a sus funciones, que es buscar y devolvernos nuestra arma, depositadas en las oficinas de la cuarta planta del ministerio de lo interior y policía, de la cual él mismo me dijo que no había ningún derecho a retenerla.

Viendo los acontecimientos ocurridos en las últimas 24 horas, que incluyen el caso de la defensora del pueblo, nos preguntamos, ¿hasta dónde llegaremos?, ¿Quiénes serán las próximas víctimas, vivas o muertas?...

POR JOSÉ ANTONIO MATOS PELA.

07 NOVIEMBRE, 2016.-
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