DERECHOS DE LA PERSONALIDAD. Los derechos de la personalidad (8 de 15)

Se denomina derechos de la personalidad a los que están unidos inherentemente a la persona de la cual es titular, inseparables de su condición humana, que aseguran la existencia individual y el sentido de la vida. Su trascendencia se deriva de que en ellos se corresponden los actos jurídicos que se vinculan al principio, al desarrollo y al final de la vida misma, siendo una de las ramas del derecho que más expansión viene alcanzando en los últimos tiempos.

Los derechos de la personalidad presentan características propias que los hacen distinguibles de los demás, a saber:

* Derechos pecuniarios o patrimonio material, los cuales pueden ser separados de la persona que en principio sea su titular.

* Derechos extrapatrimoniales, los que forman parte de la persona y la constituyen en sí, formando parte de su patrimonio moral. Aunque no forman parte del patrimonio material de las personas, su violación puede implicar una sanción pecuniaria contra quien ha causado el daño.

Los derechos de la personalidad son fundamentalmente extrapatrimoniales, ya que tienen para la persona sobre todo un provecho moral. Aquí, la autora de la obra “Derechos de familia y de la personalidad” señala como ejemplo el derecho de autor, el cual reúne el pecuniario a los productos de la obra, y un derecho moral por ser el autor su creador.

Los derechos individuales, por no ser pecuniarios, son más advertibles por su provecho moral, entre ellos el derecho a la libertad, al credo religioso de su elección o ninguno, libertad de pensamiento y a la información entre otros. Más adelante, la citada autora expresa su consideración de que, siendo la identidad factor de la personalidad y punto de partida del respeto que cada quien siente hacia sí mismo, los derechos de la personalidad forman parte de su patrimonio moral.

Los Derechos Humanos o Fundamentales son prerrogativas que permiten crear una relación más estrecha entre las personas y la sociedad. En un principio, estos derechos no formaban parte del derecho positivo y eran independientes de factores particulares como: status, raza, etnia, sexo y nacionalidad, ya que se entendió que los mismos estaban por encima del orden legislativo vigente.

Hoy en día se intenta que estos derechos sean protegidos por la constitución, que formen parte de los derechos positivos y que su inobservancia sea sancionable. Algunos países europeos y de América han implementado los tribunales constitucionales en el ámbito nacional y, en el internacional, con capacidad para imponer sanciones más bien morales a los Estados que falten a disposición, como por ejemplo, la Convención y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.

Otra distinción ha sido establecida entre los derechos. Los derechos individuales, que constituyen garantías para la existencia y el desarrollo individual de los seres humanos, y los derechos sociales que corresponden a las personas por pertenecer a un conglomerado social, siendo la sociedad democrática responsable de asegurar ambos derechos.

Haciendo un recuento histórico sobre la evolución de los derechos humanos, la Dra. Eusebio la atribuye a las teorías y al siglo de la ilustración, el siglo XVIII, señalando que algunos teóricos atribuyen sus bases a la declaración de los derechos del hombre aprobada por la Convención Francesa del 2 de octubre de 1789, la más socorrida, y otros a la Declaración de los Derechos de Virginia en los Estados Unidos de Norteamérica, aunque los mismos adquieren particular importancia durante el siglo XX, como reacción a las dos guerras mundiales. Debido a que gobiernos dictatoriales y sanguinarios de Europa, imponiendo argumentos raciales establecieron el fascismo, fue necesario condenar la barbarie a partir de una Proclama Internacional de las Naciones Unidas en octubre de 1949.

En América, el sistema de defensa de los Derechos Humanos y Fundamentales se inicia de manera formal con la “Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre”, aprobada por la Novena Conferencia Internacional Americana celebrada en Bogotá Colombia en 1948, donde surge la Organización de Estados Americanos, cuya carta aprobó los derechos fundamentales de la persona humana como uno de los principios en que se fundamenta la organización.

También fueron adoptadas resoluciones mediante las cuales se fundaron las Convenciones sobre la Concesión de los

Derechos Civiles y Políticos de la Mujer, la Condición Económica de la Mujer Trabajadora y la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales. Posteriormente fue redactada la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 o Pacto de San José, que entró en vigencia el 18 de julio de 1978. Es propósito de la Convención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos proteger los Derechos Fundamentales.

Los derechos de la personalidad, poseen características que los distinguen de otras prerrogativas, a saber: principalmente moral, probablemente su característica más importante, Inembargabilidad, Intransferibilidad, Inalienabilidad, Intransmisibilidad, e Irrenunciabilidad.

En los derechos de familia encontramos una mayor utilidad moral que el pecuniario, pero este último no está ausente, dado que muchos de ellos tienen consecuencias pecuniarias, tales como:


* El derecho a suceder a los ascendientes (heredar).

* La demanda en alimentos, cuya consecuencia es la pensión.

* El derecho del trabajo, el cual genera el pago de un salario.

* La ocasión de un daño moral, con la consiguiente reparación económica, en atención a lo expresado por el Código Civil en sus artículos 1382 y 1384.

En las acciones personales, no siempre la sentencia adquiere el carácter de la cosa irrevocablemente juzgada. Es el caso de una demanda por alimentos, la cual puede ser reiniciada no obstante haber prescrito el pazo de apelación, así como el derecho a la guarda y a la autoridad de menores de edad.

La principal prerrogativa de los seres humanos es el derecho a la preservación de la vida, por lo que su supresión es sancionable como crimen. La Declaración Universal de los Derechos Humanos señala como parte de la integridad física el no sometimiento a pena ni torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. La misma disposición incluye el derecho de cada quien de proteger su propio cuerpo contra todo ataque y de no someterlo a tratamiento, experiencia o investigación si no consiente en ello.

Nuestra legislación define la tortura como:

* Acto de barbarie realizado como métodos de investigación criminal o como medio intimidatorio, castigo corporal, medida preventiva, sanción penal o cualquier otro fin que cause a las personas daños o sufrimientos físicos o mentales.

* La aplicación de sustancias o métodos tendentes a anular la personalidad o la voluntad de las personas o a disminuir su capacidad física o mental, aun cuando no causen dolor físico o sufrimiento psíquico.

El hecho de someter a una persona a tortura o actos de barbarie se sanciona con la pena de reclusión de 10 a 15 años.

ÁGUEDA RAMĺREZ DE RODRĺGUEZ

14 de noviembre, 2016



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