En las semanas anteriores a la masacre de cuatro ciudadanos laboriosos de Barahona, las comunidades de toda la provincia estaban en estado de agitación debido principalmente a que se estaba en plena campaña electoral, a la vez que los habitantes de estas demarcaciones reclamaban una serie de obras de desarrollo para sus localidades, sin encontrar respuesta de las autoridades correspondientes.
En el ámbito nacional el clima político se caracterizaba por las acciones violentas que realizaba el gobierno balaguerista en contra de la población. Grandes movilizaciones se realizaban en todo el territorio nacional reclamando el derecho a la vida, parar las persecuciones a opositores, los apresamientos ilegales, las torturas a los presos políticos, contra los asesinatos a los contrarios al régimen, la desaparición de personas, la libertad de los presos políticos, así como cese de las deportaciones y el regreso de los exiliados.
Por todo el país se realizaban actos contra la libertad y la democracia. Se verificaban atentados terroristas ejecutados por testaferros gubernamentales muchos de ellos dirigidos hacia periodistas de la capital y a los corresponsales de los medios de comunicación en el interior del país.
En los dos meses previos a la masacre barahonera de Marzo de 1970 de los ciudadanos de nuestra localidad, se habían producido los acontecimientos siguientes:
Numerosos ciudadanos de la provincia murieron asesinados de manera violenta. Entre los muertos a balazos patrullas mixtas de las fuerzas armadas y la policía nacional estaban luis Porfirio Medina, Persiliano Gómez, Darío Berroa, Bruno cuevas y César feliz Moreta. El 28 febrero fue el muerto en la Sección El Peñón el agricultor Pedro Enrique Melo López, quien fue sacado de su hogar por una patrulla mixta que lo ultimó a balazos en presencia de su esposa. El grupo de uniformados actuante, dio una versión contraria.
Vicente Noble, Tamayo y otras localidades aledañas a Barahona, fueron escenario de muertes, atracos, robos y otros hechos de violencia. Por tal motivo la población de la demarcación se recogía en sus hogares desde el oscurecer. Esta situación fue calificada como un “virtual estado de sitio”. El laborioso hacendado Manuel Espinosa-tronco de familias barahoneras (abuelo de Mirelys Matos espinosa), fue asesinado en Tamayo por atracadores.
El periódico el Caribe el 8 enero manifestaba mediante un editorial, su preocupación por la situación de violencia que existía en la provincia Barahona.
Amenazas, persecución, apresamiento y tortura corresponsales periodísticos barahoneros de El Caribe, Listín Diario, Radio Comercial, Radio Mil y Radio Cristal. El corresponsal de Radio Mil, el amigo Roldán Melo, fue apresado y torturado bárbaramente en el Palacio de la policía de Barahona. La brutal golpiza requirió su urgente traslado a la clínica Abreu en la ciudad capital, donde permaneció internado por varios días para reponerse de los macanazos y golpes que recibió mientras estuvo apresado. Fue liberado por la policía ante el temor a que falleciera debido a la cantidad de golpes que recibió en la cabeza y otras partes del cuerpo. Este atropello recibió la repulsa nacional.
Apresamiento del periodista Melton Pineda corresponsal del Llistín Diario el cual fue amenazado por el Comandante de la policía Barahona, el cual acusó a los comunicadores de la provincia como los responsables del estado de inquietud que reinaba en la zona. Dicho oficial manifestó que la situación de la prensa en Barahona era muy diferente a la época de Trujillo cuando según éste, los periodistas locales eran nombrados por el sátrapa.
El periódico el Caribe del 4 marzo 1970 en su primera página reseña que el Procurador General de la República Dr. Juan Aristides Taveras Guzmán, califica como confusa la situación en Barahona. El funcionario se refería al asesinato del ciudadano Pedro Enrique Melo de 28 años, acaecido en el peñón. Del crimen se acusaba una patrulla policial encabezada por un Teniente. Apuntó que las sanciones serían aplicadas según el caso y no descartaba el traslado completo de la dotación policial radicada en Barahona. En dicha declaración el Dr Taveras Guzmán manifestó que desconocía que en la policía se habían reclutado delincuentes para combatir la delincuencia, expresando su satisfacción de que dichos delincuentes estaban siendo depurados del cuerpo del orden.
El periódico el Caribe del 5 marzo 1970 en su primera página reseña que el presidente de la República Dr Joaquín Balaguer difería completamente de lo expresado por el procurador general de la República. Para el jefe del Estado todo estaba bien en la provincia de Barahona y que el caso de la ciudad sureña se trataba de un movimiento de cierto partido de izquierda, que trataba de sembrar la intranquilidad en esa población. Asimismo, Balaguer calificó de “hechos aislados” los atropellos cometidos por autoridades policiales y militares contra corresponsales de prensa el interior del país. Cuando se le pidió su reacción sobre los atropellos y persecuciones de corresponsales de periódicos y emisoras de radio en el interior del país, el Presidente Balaguer dijo que no tenía noticias de que haya persecuciones. Manifestó que “cinco o seis casos” no podían tomarse como pretexto para decir que el gobierno tiene una actitud hostil a la prensa porque ustedes saben cómo se trata y cómo se les acoge siempre y el respeto que me merece la prensa al gobierno.
Ante la tensa situación que confrontaba la prensa barahonera el periódico el Caribe en un editorial de fecha 7 marzo 1970, titulado SOLICITUD, señalaba que la vida de los corresponsales de prensa en el interior de la República Dominicana se estaba haciendo cada vez más difícil, citando el caso del corresponsal de ese matutino en la ciudad de Vicente noble, señalando que contra este periodista existía una persecución sistemática. Solicitaba el periódico tanto al jefe de la policía nacional como al Presidente de la República Joaquín Balaguer, que intervinieran en esta situación “a fin de que cesaran los actos de hostigamiento que no sólo molestaban a un comunicador sino que también coarta van los principios constitucionales que garantizan libre acceso a las fuentes de información y el derecho a la libre expresión y difusión del pensamiento”.
Concluía el editorial con la expresión siguiente: esperamos, en consecuencia, que se tomen las medidas indispensables para que los periodistas del interior voz en de las mismas garantías que, hasta ahora, disfrutan sus colegas de esta capital.
El segundo teniente de la policía Francisco Aquino Lorenzo y otros alistados resultaron acusados de la muerte al agricultor peñonero Enrique Melo Pérez. El oficial y acompañantes fueron enviados ante el fiscal del juzgado de primera instancia policial con asiento en Santo Domingo, conforme a una disposición de la Consultoría Jurídica de la Policía Nacional. Esta medida fue adoptada luego de un informe redactado por una Comisión de alto nivel integrada por oficiales de la policía nacional. Sin embargo, dicho oficial implicado directamente en el asesinato-según el periódico el Caribe del 7 junio 1970-salió fuera del país el día 6 junio hacia la ciudad de Washington para realizar un curso de sobre investigaciones criminales en la escuela internacional de policía ubicada en la capital norteamericana. Esa fue la sanción que se le impuso por su participación en el crimen.
El domingo 15 marzo 1970 el Partido Revolucionario Dominicano junto a otras organizaciones políticas, sindicatos obreros, gremios profesionales y el pueblo en general, realizó una gigantesca concentración política en la ciudad capital, donde participaron unas 200 mil personas, la cual generó gran irritación en el gobierno central y el partido gobernante. De inmediato en la tarde de ese mismo día, se produjo una escalada en la represión gubernamental en todo el territorio nacional, la cual alcanzó su clímax con el ametrallamiento de cuatro barahoneros en la playa El Estero, ubicada en las cercanías de la ciudad. Esta cobarde y vil acción se produjo en la noche de ese domingo.
Los hechos más destacados en torno a este genocidio de estos inocentes, fueron los siguientes:
Una patrulla policial dirigida por el Sargento de la Policía Nacional, Lucas Rosario Medrano, apresó las cuatro personas cerca del puente sobre el río Birán. De ahí fueron llevados en un radio patrulla al lugar donde el sargento los asesinó mediante sucesivas ráfagas de ametralladora. Las víctimas eran de diferentes edades. Consumado el crimen, Rosario le dijo a sus acompañantes, que realizaran algunos disparos, a lo que éstos se negaron.
Inicialmente el sargento Rosario Medrano afirmó a sus superiores que no había apresado nadie durante su recorrido. Los familiares de los apresados acudieron al palacio la policía de Barahona indagando sobre su apresamiento. Posteriormente ante los hechos el sargento admitió su responsabilidad, afirmando que actuó en defensa propia cuando los fallecidos intentaron agredir les y arrojarle dos granadas fragmentarias, las que dijo confiscó y guardó en una maleta.
Los principales medios escritos del país destacaban cómo el sargento Rosario Medrano realizó 53 disparos para asesinar las cuatro personas. El país se levantó de manera militante contra este terrible crimen, ocupando dicha información toda la prensa nacional durante varios días.
Los rasos de la policía nacional y del ejército que integraban la patrulla al ser interrogados, manifestaron que el sargento luego de bajar los apresados del vehículo, les ordenó dar una vuelta en el lugar mientras ellos pensaban que Lucas Medrano sólo iba a asustarlos. Grande fue su sorpresa al escuchar los disparos. La comisión investigadora consideró que los rasos Francisco de la Cruz y Benito Ledesma, actuaron con negligencia al no informar a tiempo lo ocurrido. Por tal motivo se recomendó fueran condenados a 30 días de prisión.
Editoriales, fotografías de los asesinados, caricaturas y artículos, se concentraron en destacar y condenar este horripilante genocidio. La prensa radial no cesaba en su reclamo de castigo a los autores materiales de este hecho de sangre, a la vez que exigían que también fueran llevados al banquillo los acusados, aquellos que estimularon este horrendo acontecimiento.
Los cuatro barahoneros asesinados fueron el señor Juan Gilberto Díaz Sánchez (40 años), su hijo Rafael Sánchez(18), Teodoro Torres(26) y el destacado beisbolista y joven promesa del deporte, Eusebio Reyes(18).
Paradójicamente en la primera página del listín diario de fecha 17 marzo 1970, aparece la reseña del brutal crimen, junto a una felicitación del procurador general de pública donde este felicitaba a la policía nacional y al ejército, por su comportamiento en el mantenimiento del orden durante el mitin que celebró el partido revolucionario dominicano.
La policía nacional-basándose en un informe de una Comisión integrada por tres coroneles- procedió a cancelar al sargento Lucas Rosario Medrano y lo puso a la disposición de la justicia ordinaria para que allí responda por el horrendo crimen cometido. Esta comisión fue designada por el entonces Jefe de la institución, General Rafael Guillermo Guzmán Acosta.
La población de Barahona se recogió dramáticamente en una mezcla de temor y condena a la vez, ante esta sangrienta muestra de brutalidad.
El sargento Rosario Medrano según se supo posteriormente, había sido sancionado en numerosas ocasiones por faltas cometidas, especialmente abusos contra ciudadanos inocentes y acciones reñidas con la moral contra reclusos. También por actos bochornosos en estado de embriaguez.
El listín Diario del 18 de Marzo de 1970 recoge que el Comandante policial de Barahona Teniente coronel Paulino Reyes de León, describió al Sargento Rosario Medrano como “una persona afable”, que no tenía faltas, mientras que la Jefatura de Santo Domingo, le imputaba una serie de faltas graves.
La prensa nacional criticó duramente que una persona con ese historial, pudiera llevar un uniforme. El periódico el Caribe en su editorial del 19 marzo 1970 titulado interrogantes se preguntaba: ¿Cómo es posible que un hombre con los antecedentes del autor de ese crimen, Lucas Rosario Medrano pudiera ser miembro de un cuerpo encargado de velar por orden público y la seguridad de la ciudadanía? Continuaba el editorial “Que en la policía haya ese tipo de delincuentes, no es hasta cierto punto, una revelación”.
El listín Diario en su editorial de fecha 17 marzo 1970 titulado “Horror en Barahona” señalaba que era imperativo señalar algunas urgencias, señalando que contra el comando policial de esta ciudad habían surgido muchas acusaciones por su forma de actuar, señalando que su comandancia debía ser suspendida impuesto a la investigación. También debía ser suspendidos ciertos agentes policiales en Barahona contra los cuales habían cargos de brutalidad.
Un nuevo editorial del listín Diario del 18 marzo 1970 titulado “Reincorporemos a Barahona”,señala que Barahona debe ser reincorporara de nuevo a la República Dominicana. Pedía la nota editorial, que el Secretario de Estado de Interior y Policía viajara a Barahona para establecer porqué los representantes políticos del gobierno, no advirtieron acerca de los peligros de una situación que fue denunciada por los periódicos en más de una ocasión. Apuntaba que el funcionario debía comprobar en el terreno si los representantes del Ministerio Público en esa ciudad lo habían informado adecuadamente acerca de la situación en la ciudad y su comarca. Señalaba, que denuncias de una situación de normalidad, se habían publicado frecuentemente en los periódicos. Finalizaba la nota con la siguiente exhortación: “Las máximas autoridades del país en sus esferas respectivas, deben llegar a Barahona, en tarea urgente de rescate, de averiguación y sanción”.
Lucas Medrano Rosario, nació en Jimaní en 1941 en la Sección El Limón. Ingresó a la policía como cabo en marzo de 1962. Había sido miembro de la Fuerza Aérea Dominicana-FAD. En los ocho años que estuvo en la policía, prestó servicios en San Juan de la Maguana, San Pedro de Macorís, La Vega, Jarabacoa, Azua, Santo Domingo y Barahona donde permaneció por más tiempo.
La repulsa nacional ante el cuádruple crimen, generó toda una movilización de la conciencia colectiva. Los sectores más liberales de la nación se pronunciaron contra este genocidio. Arrinconado el gobierno y en respuesta a este clamor nacional, el Presidente de la República Dr. Joaquín Balaguer manifestó que en Barahona “hay una situación de terrorismo desencadenada por la extrema izquierda y una violencia excesiva, por parte de las autoridades policiales”. Reiteró que veía “clara” la situación de Barahona. Calificó de monstruoso el crimen, pero que había que esperar los resultados la Comisión policial. Cuando los periodistas le señalaron que muchas comisiones anteriores nunca esclarecieron los hechos que investigaban, Balaguer les dijo: “si ustedes pudieran darme los medios de hacer ese descubrimiento, yo lo tomaría; si me dan una idea, una luz como descubrir estos hechos, yo hago todo lo que esté a mi alcance, todo lo que el gobierno pueda hacer, lo realiza para descubrirlos y si los descubre, los sanciona”.
El 19 de Marzo de 1970 el Presidente Balaguer viajó a Barahona y se reunió con personas de su partido en el Palacio Municipal, para “escuchar la voz de la población sureña”. Un Comunicado redactado por la oficina de Prensa de la Presidencia de la República, destacaba la “satisfacción” de los barahoneros por la condena pública de la Policía Nacional y las FuerzasArmadas contra el asesinato, destacando además, que ambas instituciones “actúan en defensa de la comunidad y en el mantenimiento del orden público”.
La Asociación de Estudiantes Universitarios de Barahona, convocó a la colectividad barahonera en la capital, a una marcha-protesta para el 20 de marzo de 1970, contra el crimen, fijando como punto de reunión el altar de la patria. Ese día la policía rodeó el baluarte ante la presencia creciente de compueblanos de todas las clases sociales, sexo y edades. Al crecer la multitud los uniformados arrojaron bombas lacrimógenas, apresaron y golpearon varios de los presentes, lo que fustigado por la prensa. En la imagen que sigue pueden observarse los entonces “jóvenes universitarios” Elías Medina (primero a la izquierda) y Cucusito (segundo de derecha a izquierda). Los manifestantes ante el atropello policial, recorrieron la calle El Conde, Arzobispo Nouel y otras de Ciudad Nueva. Tengo entendido que Cucusito fue arrestado y libertado horas después.
Texto: Virgilio Gautreaux
Historia Dominicana en Gráficas.
19 Enero 2019.-
